201704.25
0
0

Declaración de inconstitucionalidad del IIVTNU

Declaración de inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) a raíz de las Sentencias 26/2017, de 16 de febrero y 37/2017, de 1 de marzo, del Tribunal Constitucional

Las sentencias del Tribunal Constitucional 26/2017, relativa a la norma foral guipuzcoana del IIVTNU, y 37/2017, relativa a la norma foral alavesa del citado impuesto, han declarado la inconstitucionalidad y nulidad (con efectos ex tunc) de determinados preceptos de las normas cuestionadas en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia.

Señala literalmente las sentencia de 16 de febrero de 2017, lo siguiente:

  • Una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal.
  • No cabe duda de que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente “de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1 CE).
  • Así las cosas, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE.
  • De este modo, aunque el legislador establezca impuestos que estén orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza, como puede ser, en el caso que nos ocupa, dar cumplimiento a la previsión del art. 47 CE, en ningún caso puede hacerlo desconociendo o contradiciendo el principio de capacidad económica, degenerando su originaria libertad de configuración en una indeseable arbitrariedad al gravarse en todo o en parte rentas aparentes, no reales.
  • De esta manera, los preceptos enjuiciados deben ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida que no han previsto excluir del tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor.

El Tribunal Constitucional no ha limitado los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, y, en consecuencia surge la posibilidad para los contribuyentes de recuperar el importe de las liquidaciones/autoliquidaciones indebidamente ingresadas, junto con los correspondientes intereses de demora, en los supuestos en que éste acredite la inexistencia de un incremento o la existencia de un decremento del valor del terreno en cuestión, considerando las fechas de adquisición y transmisión. Dicha prueba podrá efectuarse por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

Dicho lo anterior, lo fundamental es determinar el cauce procedimental que debe seguirse para la posible recuperación del impuesto indebidamente satisfecho. A este respecto, debemos distinguir diferentes situaciones:

Acto confirmado judicialmente.

De acuerdo con el artículo 40.1 de la LOTC, Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya aplicación de las leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador.

Por consiguiente, en estos supuestos, solo queda la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, la cual habrá de ejercitarse en el año siguiente a la publicación de la Sentencia del TC (arts. 32 y 67 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). La responsabilidad se limita legalmente a los cinco años anteriores a la Sentencia del Tribunal Constitucional (art. 34.1Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

Acto no confirmado judicialmente.

Tal y como señala la sentencia del Tribunal Supremo, “cuando la propia sentencia del Tribunal Constitucional no contenga pronunciamiento alguno al respecto, corresponde a los jueces y tribunales, ante quienes se suscite tal cuestión, decidir definitivamente acerca de la eficacia retroactiva de la declaración de inconstitucionalidad (…) de manera que, a falta de norma legal expresa que lo determine y sin un pronunciamiento concreto en la sentencia declaratoria de la inconstitucionalidad, han de ser los jueces y tribunales quienes, en el ejercicio pleno de su jurisdicción, resolverán sobre la eficacia ex tunc o ex nunc de tales sentencias declaratorias de inconstitucionalidad”.

Es decir, al margen de la posibilidad de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que evidentemente también es factible en el caso de que el acto administrativo no esté confirmado judicialmente, el contribuyente deberá reclamar en vía administrativa, para posteriormente reclamar judicialmente contra la eventual desestimación de dicha reclamación. Ahora bien, es importante distinguir en función de si la deuda tributaria fue ingresada mediante autoliquidación o mediante liquidación administrativa.

-Deuda objeto de autoliquidación.

Este supuesto ofrece pocas dudas. El cauce es solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada con solicitud de devolución de ingresos indebidos (artículos 32, 34.1, 120.3 y 221.4 de la Ley General Tributaria.

-Deuda objeto de liquidación administrativa.

Más dudas surgen en relación con el cauce procedimental que debe seguirse en los supuestos de liquidación del IIVTNU.

La posición mayoritaria entiende que deberá solicitarse la nulidad de pleno derecho (son actos nulos “cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal”) con devolución de ingresos indebidos (artículos 217.1.g) y 221.3 de la LGT y 47.1 de la LPA), sin sometimiento a plazo de prescripción alguno, al tratarse de actos nulos de pleno derecho.

Otras opiniones, defienden que no concurren los requisitos para la revisión de actos nulos del artículo 217 de la LGT, por lo que solo quedaría la vía de la revocación de los actos regulada en el artículo 219 de la Ley General Tributaria por infracción manifiesta de ley, si bien debemos recordar que el número 3 del citado artículo establece que el procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio.

Como conclusión, debemos señalar que la citadas sentencias del Tribunal Constitucional suponen una oportunidad para recuperar el IIVTNU indebidamente satisfecho, pero es fundamental no errar en el cauce procedimental elegido y probar de forma suficiente el decremento o no incremento en el valor de los terrenos transmitidos.

Miguel de León

Tax Lawyer at MLT Abogados y Economistas


Leave a Reply